Este plan restringiría de forma significativa y permanente la capacidad de las familias y las personas para buscar seguridad en EE.UU. (y podría repetirse).
El Senado votó el miércoles en contra de un proyecto de ley que habría sido la primera gran revisión de la legislación sobre asilo e inmigración en una generación, y el cuál habría supuesto un desastroso retroceso respecto a los principios básicos de equidad. Mientras nuestros dirigentes electos siguen debatiendo las reformas sobre inmigración, deben promover soluciones humanas y sensatas que ayuden a gestionar la frontera sin comprometer los valores de nuestra nación ni la seguridad de las personas que huyen del peligro.
Aunque se presentó como un paquete bipartidista de compromiso por la «seguridad fronteriza», este proyecto de ley habría supuesto una importante modificación a la legislación sobre asilo vigente en nuestro país desde hace mucho tiempo. Para empeorar las cosas, estos cambios se adjuntaron a un proyecto de ley de financiación complementaria que también incluía una inversión masiva en políticas de inmigración fallidas y punitivas, como la financiación para terminar el muro fronterizo del ex presidente Trump, una expansión de la detención de inmigrantes a nivel nacional y un aumento significativo de la vigilancia dirigida a las familias inmigrantes. Aunque aparentemente el proyecto está muerto, al parecer los republicanos del Senado están tratando nuevamente de impulsar otra votación sobre este paquete de inmigración como una enmienda a la ayuda exterior, además de políticas extremistas adicionales que eliminarían las protecciones a los niños inmigrantes no acompañados.
1. Habrían cerrado la frontera entre EE.UU. y México a los solicitantes de asilo
En el fondo, se trataba de una nueva norma que habría bloqueado fundamentalmente el asilo para la gran mayoría de las personas que llegan a nuestra frontera sur en busca de protección. Con esta nueva norma, una vez que una media de 5.000 personas llegase a la frontera diariamente durante un periodo de siete días, u 8.500 personas en un solo día, nadie podría solicitar asilo entre los puertos de entrada. Además, el gobierno habría obtenido la facultad de aplicar esta norma de «no asilo» cuando hubiera una media de 4.000 personas al día en un periodo de siete días.
Esto estaba a punto de convertirse en una pesadilla operativa, y no hace falta especular sobre las horribles consecuencias que tendría la aplicación de esta norma por parte del gobierno. Solo tenemos que recordar los días caóticos y violentos bajo la política del Título 42 de la era Trump, que cerró de manera similar nuestro sistema de asilo bajo el pretexto de salud pública. Durante ese periodo, más de 13.480 personas fueron violadas, asesinadas, secuestradas, torturadas o extorsionadas mientras esperaban la reapertura de la frontera. Como nos ha enseñado la historia, esta nueva norma no habría impedido que la gente buscara seguridad en Estados Unidos, pero, sin duda, sí que se hubieran devuelto a personas en peligro como consecuencia de ello.
2. Este plan habría cambiado radicalmente las protecciones básicas de nuestro país para las personas que buscan seguridad
Incluso cuando las personas pudiesen solicitar asilo, se le habría sometido a un proceso absurdo y peligroso de deportación por la vía rápida, con plazos punitivos para quienes no pudieran cumplir las nuevas y restrictivas pruebas de selección.
De aprobarse, la gran mayoría de los solicitantes de asilo ya no podrían solicitar la revisión judicial de sus casos, lo que supondría un importante cambio en nuestro sistema jurídico y de asilo. Esto les habría negado una de las garantías procesales más esenciales en un sistema plagado de errores. La revisión judicial independiente ha sido una protección que ha salvado vidas, ya que los tribunales descubren constantemente que los funcionarios de asilo deniegan erróneamente la protección a las personas. En la actualidad, los funcionarios de asilo llevan a cabo el escrutinio de sus casos y las entrevistas con el entendimiento de que su trabajo será comprobado por un juez de inmigración. Eliminar esa revisión legal habría supuesto sacrificar la equidad básica en casos en los que está en juego la vida o la muerte.
3. Un aumento sin precedentes de la financiación de políticas de inmigración punitivas habría resultado en el despilfarro del dinero de los contribuyentes
La otra gran historia sobre este proyecto de ley es el dinero. Se trataba de un proyecto de ley escandalosamente punitivo y favorable a la detención que reactivaba la construcción del fallido muro fronterizo de Trump e incluía un monto sin precedentes de 3.200 millones de dólares para la detención de inmigrantes, incluso más de lo asignado o solicitado en la administración anterior. El proyecto de ley también incluía más de mil millones de dólares para tecnología de vigilancia que sometería a individuos y familias sin sospecha alguna a una vigilancia las 24 horas del día. Esto ascendía a 4.500 millones de dólares destinados a medidas de control de inmigración perjudiciales y punitivas que habrían afectado a todas las familias inmigrantes de Estados Unidos. La mayor parte de esa financiación habría llenado los bolsillos de la industria penitenciaria con ánimo de lucro, que podría obtener miles de millones de dólares más de parte de los contribuyentes y sin la debida supervisión y rendición de cuentas.
Además del daño inimaginable infligido a las familias inmigrantes, el proyecto de ley habría socavado permanentemente nuestra posición moral en el mundo, y asegurado el retorno de personas al peligro e incluso a la muerte.
Aunque es innegable la necesidad de cambios reales en nuestra frontera sur, ninguna de estas políticas insensibles y extremistas iba a «arreglar» de ninguna manera la frontera: no habrían creado un sistema de inmigración más justo ni habrían ayudado a ciudades, estados y comunidades a apoyar y acoger a nuevos inmigrantes. Es más, ni siquiera habrían disuadido a la gente de buscar protección u oportunidades aquí en Estados Unidos, como sugerían sus defensores. Este proyecto de ley habría alterado esencialmente lo que somos como país sin mejorar la situación en la frontera desde ninguna perspectiva.
Gracias a los senadores Markey, Menéndez, Padilla, Sanders y Warren, que votaron en contra de este acuerdo, esta legislación perjudicial ya no seguirá adelante. Sin embargo, nuestro trabajo aquí aún no ha terminado. Este es el momento para que todos nuestros líderes electos aprovechen esta votación fallida como una oportunidad para, por fin, hacer bien la reforma sobre la inmigración y garantizar que aprobemos soluciones sensatas y humanas para abordar los retos en la frontera.
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